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Análisis medidas contra el fraude fiscal

La Universidad de Cantabria y la Asociación Española de Asesores Fiscales organizan el curso  “La Ley 7/2012 de Medidas contra el fraude: análisis práctico” que comienza mañana en el Paraninfo de la Universidad.

Es un buen momento para analizar esta Ley que pronto cumplirá un año en vigor y que nació no exenta de polémica por su tramitación una vez aprobada la amnistía fiscal. También por su propio contenido, poniendo en el ojo de mira a los pequeños y medianos empresarios, estableciendo la imprescriptibilidad para el caso de no declarar bienes en el extranjero o la más conocida de limitar las operaciones en efectivo a menos de 2.500 euros cuando participen empresas o autónomos.

Una vez conocidos los datos de recaudación con la amnistía fiscal, menos de la mitad de lo presupuestado, me gustará conocer los resultados de esas medidas contra el fraude fiscal,  así que asistiré al curso con ganas de escuchar a los ponentes y de participar del debate y del análisis crítico.

 

 

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Una nueva fiscalidad para Santander

 

En unos días se iniciará la tramitación de las nuevas ordenanzas fiscales que se aplicarán en la ciudad de Santander en el año 2013.

En Santander hay un callejero fiscal de hace más de 20 años que afecta entre otras a las ordenanzas de Vados, Mesas en la vía pública y el IAE. 

Desde su aprobación  la ciudad ha cambiado mucho y creo que por cuestiones de igualdad y de justicia social es necesaria su revisión.

Hasta ahora su aplicación ha supuesto un aumento de las desigualdades entre vecinos, entre barrios, pues no refleja la realidad de la capacidad económica de los ciudadanos.

Como los ciudadanos pagan tasas e impuestos dependiendo de la categoría de la calle en donde viven o se ubica su negocio, actualmente se da la paradoja de que pagan menos impuestos los vecinos de algunas zonas de Castelar, el Sardinero o Valdenoja, consideradas de tercera categoría fiscal, que quiénes viven en Castilla-Hermida o la Calle Alta, de primera categoría fiscal.

Este ejemplo evidencia la necesidad de una modificación urgente del callejero fiscal, como primer paso para reformar y ejecutar una política fiscal justa y equitativa para los ciudadanos de Santander, que responda a la realidad socioeconómica de la ciudad.

Respecto al IBI, en este año todos los santanderinos hemos visto  como se ha incrementado la factura hasta un sesenta por ciento, un aumento desorbitado en el peor momento posible, aumentándose la presión fiscal a los que están siendo sometidos en una situación económica que se reconoce como muy difícil.      

En esta coyuntura, medidas como el copago; el céntimo sanitario; el incremento del IBI, la subida sobre el IRPF o la subida de la factura del agua no sólo están minando el poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras, sino que están poniendo contra las cuerdas a muchas familias.

Es necesario aumentar la partida de ingresos pero no a costa de los de siempre, no a costa de quienes más dificultades están pasando, deben contribuir más quienes más tienen y no pedir más esfuerzos a quienes tienen problemas para llenar la nevera todos los meses.

Por este motivo, hemos propuesto que en Santander se establezcan nuevos criterios para el cobro de tasas y tributos municipales, para adaptarlos al nivel de renta y ser menos exigentes con quienes menos recursos tienen, con los objetivos de reducir la presión fiscal, introducir criterios de progresividad y favorecer la creación de empleo.

Las propuestas son las siguientes:

1.- Legalizar los pisos en bajo cubiertas. Dar la posibilidad de legalizar para uso de vivienda siempre que cumplan los requisitos establecidos en las ordenanzas urbanísticas de habitabilidad.

2.- Aplicar recargo para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente.

3.- Introducir en la Ordenanza criterios de progresividad para las viviendas con distintos tipos dependiendo el valor catastral de los inmuebles, de igual manera para las empresas así como en las bonificaciones a las famialias numerosas teniendo en cuenta el nivel de renta.

4.- Realizar un censo municipal de los inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de las confesiones religiosas con el objeto de girar el IBI a todos aquellos bienes inmuebles que no estén vinculados al culto.

5.- Nueva bonificación del 90 % para desempleados de larga duración que no cobran ninguna prestación

6.- Nueva bonificación para desempleados 70 %

7.- Nueva bonificación del 50 % para nuevos negocios durante los 3 primeros años de actividad

En definitiva se busca aumentar los ingresos del IBI en quienes tienen mayor capacidad de hacer frente a ello, incluir criterios de progresividad, así como apoyar a las empresas.

 

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